Una investigación iniciada en octubre del año pasado por la Sede Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal José Luis Bruno, la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, hizo lugar a la imputación requerida contra Gabriel Wayar, Emanuel Torres, Javier Ruiz y Máximo Carballo por el delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes".

La acusación fue presentada en el marco de la audiencia de formalización de la investigación penal, que se realizó el domingo pasado y donde la magistrada dictó la prisión preventiva de los cuatro acusados, en línea con lo pedido por el MPF.

En una audiencia de Control de Acusación, celebrada el 31 de julio pasado, la jueza de Revisión de Salta, Mariana Catalano, condenó en el marco de un juicio abreviado a José Luis Tolaba; a su pareja, Norma Colqui; y a su hijo Axel, a seis, tres y cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautor y partícipe secundarios respectivamente.

En el mismo proceso fueron condenados a seis años de prisión Miltón Agustín y Rafael Acho por el mismo delito y participación, aunque, en el caso de Acho, lo fue en concurso real con resistencia a la autoridad.

A instancia de un acuerdo de conciliación impulsado por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, homologó la donación de una suma de 1.600.000 pesos por parte de un conductor investigado por el delito de “encubrimiento de contrabando”.

Además del dinero se acordó el cumplimiento de tareas comunitarias por seis horas semanales, por un término de seis meses. El fallo -dictado el 15 de agosto pasado- se completó con el compromiso del encausado de hacer abandono en favor del Estado Nacional de la mercadería de procedencia extrajera que le fue secuestrada.

En línea con la acusación llevada adelante por la Sede Descentralizada de Tartagal, a cargo del fiscal federal Marcos Romero, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado Abel Fleming (presidente), Domingo Batule y Gabriela Catalano, condenó el 28 de julio pasado al policía de la provincia de Tucumán Braian Barraza y a Ricardo González y Nelson Moyano por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores respecto a los dos primeros y partícipe secundario el tercero.

En el caso de Barraza, la condena fue de 6 años y 6 meses de prisión, e incluyó el agravamiento por su condición de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previsto en la ley 23.737, de persecución del narcotráfico.

Un grupo de personas fue identificado cuando circulaba por la calle 25 de mayo de esa ciudad. Usando un parlante, vociferaban “saqueos”.

La fiscal penal Mariana Torres, subrogante en la Fiscalía Penal 1 de Orán, imputó de forma provisional a nueve hombres de entre 22 a 39 años como coautores del delito de tentativa de robo en poblado y en banda.

Comunicación urgente:

Anestesistas retomaron servicio luego de una audiencia de conciliación convocada en una acción de amparo

El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación Nicolás Postigo Zafaranich encabezó una audiencia de conciliación convocada en el marco de la acción de amparo promovida por la Provincia a raíz de la falta de prestación de servicio de anestesistas en nosocomios del interior provincial.
La audiencia convocada por el juez se desarrolló esta tarde.
De la audiencia participaron representantes de la Provincia, el Secretario de Servicios de Salud, el Fiscal Civil 1 y representantes de la Asociación que nuclea a los anestesistas.
Se llegó a un acuerdo que permitió que los profesionales retomen el servicio esta misma tarde en toda la provincia lo que significará la normalización del servicio en cirugías programadas y las guardias.
Las partes acordaron en la audiencia reunirse nuevamente el próximo lunes 14 para seguir avanzando en un acuerdo por los reclamos económicos.
La falta de prestación de servicio de los anestesistas afectaba a hospitales de Tartagal, Embarcación, Cafayate, Orán, General Güemes y Rosario de la Frontera.

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