"El que las hace las pagará". La frase pronunciada ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no es un cliché estudiado. Más bien se ajusta perfectamente a la resolución interna que acaba de firmar por la cual dispuso que todos los gastos que se realicen para la investigación de delitos federales sean costeados por los mismos delincuentes: es decir, los narcotraficantes, falsificadores, tratantes de personas o contrabandistas.

Por medio de la resolución 2018-49 APN, el Ministerio de Seguridad instruyó a la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura a informar a los jueces competentes de cada investigación sobre todos los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas para resolver un caso. De esta manera, los magistrados deberán cargar a la cuenta de los narcos o de otros delincuentes de casos federales los costos de pericias, traslados, narco test, tareas de intervención telefónica o pericias contables, entre otras medidas, que se realicen para una investigación.

"Es el momento para que el Estado destine los fondos en seguridad para prevención y no para sustentar los costos de una investigación", De esta manera, la resolución del Ministerio de Seguridad obligará a las fuerzas a que realicen las readecuaciones administrativas en cada área con el objeto de que el juez pueda determinar en el fallo final el monto de los costos de una investigación. Para poner en marcha este mecanismo el Ministerio de Seguridad no esperará a que haya un fallo definitivo sino que presentará medidas cautelares intermedias para hacer que a los narcos o traficantes de personas, por ejemplo, se les incauten los bienes en medio del proceso de investigación.