En línea con la acusación llevada adelante por la Sede Descentralizada de Tartagal, a cargo del fiscal federal Marcos Romero, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado Abel Fleming (presidente), Domingo Batule y Gabriela Catalano, condenó el 28 de julio pasado al policía de la provincia de Tucumán Braian Barraza y a Ricardo González y Nelson Moyano por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores respecto a los dos primeros y partícipe secundario el tercero.

En el caso de Barraza, la condena fue de 6 años y 6 meses de prisión, e incluyó el agravamiento por su condición de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previsto en la ley 23.737, de persecución del narcotráfico.

González y Moyano, en tanto, recibieron penas de 5 años de prisión y de 3 años de prisión en suspenso, respectivamente. El tribunal ordenó asimismo el decomiso de un automóvil Volkswagen Vento e impuso multas de entre 325 y 910 mil pesos.

El caso se originó el 3 de septiembre del año pasado, alrededor de las 23.00, en el puesto de control que posee la Gendarmería Nacional en el cruce de las rutas 34 y 81, a la altura de la localidad de Senda Hachada, ubicada en el norte de la provincia, a unos 300 kilómetros de la capital salteña.

En el debate se estableció que Barraza y Moyano llegaron al puesto en el auto VW Vento procedentes de Salvador Mazza y con dirección a Tucumán. De acuerdo con lo probado, Barraza se identificó entonces como integrante de la Policía de la provincia de Tucumán; el conducía el rodado, mientras que Moyano iba de acompañante, aunque la titularidad del vehículo no le correspondía a ninguno de los dos, sino a un tercero con residencia en la localidad de González Catán, en Buenos Aires.

Como resultado del control físico del rodado, llamó la atención de los gendarmes un parlante de grandes dimensiones en el baúl del auto, que parecía haber sido colocado recientemente, por lo que procedieron a una requisa más exhaustiva. La reacción de un perro antinarcóticos aumentó el estado de sospecha, puesto que el animal marcó el mismo sector del baúl. La revisión realizada con un scanner móvil detectó elementos extraños en el parlante.

En vista de ello, y con el control judicial, la fuerza de seguridad abrió el bafle y halló 45 paquetes de droga, con un peso final de poco más de 46 kilos de cocaína con una pureza de 91 % y suficiente para la producción de 408.013 dosis.

La reacción de un perro antinarcóticos y la imagen de un scanner móvil elevaron las sospechas: la fuerza de seguridad abrió el bafle y halló 45 paquetes de droga, con un peso final de poco más de 46 kilos de cocaína con una pureza de 91 % y suficiente para la producción de 408.013 dosis.

En el asiento trasero del rodado se encontró además el uniforme policial de Barraza, incluido el chaleco antibala. Su defensa trató en todo momento de desligar al joven policía de 25 años del caso y dijo que al otro día debía presentarse a trabajar y que por eso llevaba la indumentaria. La coartada fue rebatida por la fiscalía y no fue recogida por el tribunal.

Detenido en Buenos Aires

González, el tercer implicado, fue detenido tres meses después, el 30 de diciembre, en el partido de Laferrere, en el conurbano bonaerense. Su vinculación con el caso, según lo ventilado en el debate, se debió a varias pruebas: entre otros elementos, se advirtió que, a días del procedimiento, fue a visitar a Barraza en calidad de pariente y que posteriormente se presentó a reclamar la restitución del vehículo secuestrado, aunque no pudo probar que fuera su titular. Más tarde, al conocerse el informe de los teléfonos celulares secuestrados, se descubrieron numerosos audios y mensajes que lo ligaban directamente con Barraza, Moyano y el hecho investigado.

Al momento de los alegatos, la fiscalía –que contó con la asistencia del auxiliar fiscal José Rafael Lamas- ratificó la responsabilidad de los tres acusados en el hecho, de los cuales sólo Moyano reconoció su participación, aunque alegó que lo hizo a instancia de Barraza y porque le habían prometido una suma de 50 mil pesos, que necesitaba para ayudar económicamente a su familia.

Barraza, en tanto, trató de presentarse como un amigo que acudió a hacerle un favor como conductor a Moyano, quien no tenía habilitada la licencia y lo habló para que lo ayudase. La defensa de González, por su parte, también argumentó en el mismo sentido.

Todas las coartadas, sin embargo, fueron rebatidas de plano por la fiscalía, que logró probar en el juicio la relación preexistente que había entre los tres hombres. En su acusación, los representantes del MPF explicaron que ello surgía no sólo del aporte brindado por los testigos sino de la prueba documental, en especial, el peritaje de los teléfonos de los imputados.

“Cuando se obtuvo la información, tanto del teléfono de Barraza como de Moyano comienza a contornearse la intervención de González”, dijo el fiscal, quien remarcó que las comunicaciones ya habían comenzado en julio de 2022.

De acuerdo con la acusación, se estableció que “González y Moyano ya hablan de un viaje” a Salvador Mazza y de la necesidad de que “sea Moyano quien lo realice, en un sentido muy similar, porque hay mucha plata, porque es un buen negocio”.

La fiscalía logró probar en el juicio la relación preexistente que había entre los tres hombres. Explicó que ello surgía no sólo del aporte brindado por los testigos sino de la prueba documental, en especial, el peritaje de los teléfonos de los imputados.

En los celulares también se hallaron imágenes de la secuencia del viaje desde Tucumán hacia Salvador Mazza, tanto de ida como de vuelta, y que el rol de Gonzáles fue de “coordinador de este tipo de logística para llevar adelante el transporte de estupefacientes”.

Según expuso la fiscalía, en una comunicación en julio, Barraza le dijo a Moyano: “Amigo Nelson, le pasé tu número a Fer [González]. Mi primo de Buenos Aires te va a llamar. Te va a preguntar si te puede llamar por un par de negocios. Capaz que te interese. Mucha plata”.

Además se constató que el día del hecho investigado, en tanto, existieron comunicaciones entre Barraza y González que estuvieron referidas a la droga. “Se habla de paquetes que ya llegaron, que tenían un problema porque no entraban los 50 paquetes y en el parlante no entran porque están divididos en dos”, explicó la fiscalía.

La fiscalía puso de relieve que en esas llamadas resultó notoria la insistencia de González para que se carguen los 50 paquetes. “Si lo acomodan van a entrar, entre los asientos y el parlante que ahí quedaban huequitos así como le explique a Nelson yo” (sic), insistió el acusado en una de las conversaciones, quien de esa manera confirmó la participación de Moyano en la maniobra, sostuvieron los representantes del MPF.

En función estas y otras pruebas presentadas durante el debate, la fiscalía dio por acreditada la responsabilidad penal de los tres acusados en calidad de coautores, como también se remarcó el agravante imputado a Barraza por su condición de policía, la que su defensa también intentó eludir.

Al dar su veredicto, el tribunal resolvió, por mayoría, tanto la culpabilidad de los acusados como sus penas. La única disidencia fue exteriorizada por la jueza Catalano, quien consideró que Moyano debía ser considerado responsable como partícipe primario y no secundario, como lo establecieron sus colegas.

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