Salta, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación penal requerida contra los hermanos Héctor y Damián Pereyra por el delito de transporte de estupefacientes.
Al presentar el caso en una audiencia celebrada el sábado pasado, el fiscal a cargo del área especializada, Ricardo Toranzos, reveló cómo se ligó a los dos acusados con el hallazgo de más de 193 kilos de cocaína en el doble fondo de una camioneta Mitsubishi. El vehículo había aparecido dos días antes volcado sobre su techo a la vera de la ruta provincial N°53, en el paraje Corral Quemado, a pocos kilómetros de la localidad de Padre Lozano, ubicada entre Embarcación y Hickman, en el departamento General San Martín.
El fiscal relató que, ante el hallazgo del rodado, el personal policial de la zona inició actuaciones con intervención de la fiscal provincial de Embarcación, Gabriela Souto, quien instruyó medidas para la búsqueda en hospitales del lugar de posibles personas lesionadas en el accidente.
Añadió que, ante la sospecha de que la camioneta podría haber sido utilizada para algún ilícito, se ordenó la requisa con un can antinarcóticos, medida que resultó positiva y que llevó a la fiscal a disponer la intervención del auxiliar fiscal del fuero federal Rafael Lamas, de la Sede Descentralizada de Tartagal.
Toranzos narró que, como consecuencia de la detección de estupefacientes, se restableció la camioneta a su posición original a fin de avanzar con una requisa más profunda. Precisó que, en ese contexto, se detectó la existencia de un doble fondo construido en el piso del rodado, del cual se extrajeron 181 paquetes de droga con distintas marcas. Explicó que, en total, se secuestró poco más de 193 kilos de cocaína.
Durante la audiencia, el fiscal indicó que, al verificar que el rodado aparecía vinculado con un caso investigado por el Área de Casos Complejos, tomó intervención en las actuaciones. En tal sentido, sostuvo que, en efecto, la camioneta estaba identificada en el marco de una investigación que trabajaban desde el 1° de febrero pasado.
Explicó que aquella pesquisa se inició a partir de una serie de indicios y de otras pistas proveídas por la Unidad de Reunión de Información Salta de la Gendarmería Nacional, y que el objeto de investigación fue el desenvolvimiento de un grupo de personas que obtenía droga en Bolivia, que luego era trasladada hasta las localidades de Embarcación o Pichanal, a modo de escala. Y de allí, a Buenos Aires.
Investigación previa
El 25 de julio pasado, la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejos, de esa área misma área Casos Complejos, había requerido ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, autorización para avanzar con intervenciones telefónicas respecto a algunos integrantes de esta organización narcocriminal, identificados a raíz de tareas de campo.
Entre esos sospechosos, aparecía Héctor Daniel Pereyra. También se estableció la identificación de la camioneta Mitsubishi volcada, que ya había sido utilizada por los acusados en otras operaciones de tráfico ejecutadas entre diciembre del 2022 y julio de este año.
Por otra parte, como resultado de diligencias realizadas con el caso en sus manos, el fiscal indicó que se logró identificar al propietario del rodado, quien resultó ser una persona que desde abril pasado se encuentra detenida e imputada por un hecho de narcotráfico.
Agregó que, no obstante, se pudo determinar que la camioneta era utilizada por un familiar, quien está siendo buscado, al igual que otras personas que habrían participado del transporte frustrado por el vuelco, según surge de los diálogos mantenidos por los acusados con otros sospechosos en horas posteriores al accidente.
El fiscal indicó que eso fue lo que llevó a realizar allanamientos en la casa de los hermanos Pereyra, tanto en la ciudad de Tartagal como en una propiedad ubicada en Barranca Colorada, en la localidad de Rivadavia Banda Sur, y en otro domicilio en Alto La Sierra del mismo departamento.
En estos procedimientos realizados al otro día del hallazgo de la camioneta fueron detenidos los dos acusados y se secuestraron teléfonos, dinero y otros elementos de interés para el caso, razón por la cual se solicitó al juez autorización para avanzar con los peritajes del caso.
Tras exponer los hechos y la vinculación de los acusados con el ilícito, la fiscalía pidió la formalización de la investigación penal, a lo que sumó el requerimiento de prisión preventiva de ambos imputados. Fundó esta última solicitud en los riesgos de fuga y de entorpecimiento procesal, en la gravedad del hecho, en la logística de la operación y en la escala penal prevista, entre otros indicadores.
Los imputados, por su parte, se negaron a prestar declaración. En ese estado, el juez avanzó con la resolución de los pedidos del fiscal y aceptó tanto la formalización de la investigación, como la imputación penal, la medida de coerción y los peritajes.
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