Salta comenzó ayer el juicio a los hermanos Mario y Franco Campos, Ezequiel Toledo y Héctor Rodríguez por el delito de secuestro extorsivo, doblemente agravado por la edad de la víctima y por la participación de tres o más personas, en calidad de coautores.

Mario Campos y Toledo deben responder además por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, en concurso real. Todos los acusados enfrentan una demanda civil por la suma de 4 millones de pesos en concepto de daño psicológico y psiquiátrico.

Abierto el debate, el tribunal, integrado por los jueces Gabriela Catalano, Domingo Batule (presidente) y Abel Fleming, cedió el turno al fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, para abrir la etapa de alegatos de apertura.

Asistido por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejos y el investigador Nicolás Dubois, el fiscal hizo una breve referencia al delito de secuestro extorsivo y sus agravantes, ya que se trata de una temática no habitual en los tribunales de Salta.

Acto seguido, el representante del Ministerio Público Fiscal repasó el hecho, que se registró el 30 de noviembre del año pasado, alrededor de las 9.30, cuando la víctima, el empresario Víctor Oscar Giménez, de 77 años, se dirigía en su camioneta Mercedes Benz hacia las oficinas de la firma, ubicada en la avenida Ragone, primera cuadra, en la zona este de la ciudad.

El fiscal narró que, a poco más de 20 cuadras de llegar a la empresa, sobre la misma avenida, en un sector oculto por el muro de una metalúrgica, Toledo y Mario Campos, disfrazados de policías, fingieron un control vehicular. En este contexto, redujeron al empresario, a quien maniataron y trasladaron con sus ojos vendados hasta el lugar de cautiverio, en el barrio Los Paraísos, en la misma zona.

El fiscal expuso que, a poco más de 20 cuadras de llegar a la empresa, dos de los acusados, disfrazados de policías, fingieron un control vehicular y redujeron al empresario, a quien maniataron y trasladaron con sus ojos vendados hasta el lugar de cautiverio, en el barrio Los Paraísos.

Luego del intento en vano de operar con el celular de la víctima para transferir dinero, los secuestradores obligaron horas más tarde a Giménez a comunicarse con su hijo Alvaro, quien ya había comenzado a buscarlo debido a que faltó a una reunión de trabajo importante, añadió el fiscal en su relato.

En aquella comunicación forzada, contó el representante del MPF, la víctima pidió a su hijo que reuniera la suma de 5 millones de pesos, dinero que, según lo alegado, debía entregar por un negocio que llevaba adelante en la provincia de Jujuy, del cual no dio detalles. Su hijo lo percibió nervioso y con un trato diferente al habitual.

Trabajo conjunto

Con una proyección digital, el fiscal y su equipo mostraron los pasos dados por los acusados tras reducir al empresario, como también difundieron los audios de las llamadas posteriores que mantuvieron Giménez con su hijo, que derivaron en la entrega del dinero en el mismo lugar donde el empresario fue secuestrado.

Toranzos resaltó la tarea conjunta realizada por el área a su cargo y la Procuración General de la provincia. El Ministerio Público Fiscal salteño inició su actuación luego de que Alvaro Giménez -quien fue el primer testigo en declarar en el juicio-, se presentó con el abogado de la empresa ante el procurador Pedro García Castiella, quien en ese momento designó para el caso al fiscal Ramiro Ramos Ossorio y a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Dada la complejidad del caso y la competencia jurisdiccional, se dio inmediata intervención al Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, del fuero federal. La oficina del Ministerio Público Fiscal de la Nación formalizó las gestiones a fin de arbitrar, a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), las intervenciones telefónicas que, con posterioridad, permitieron identificar a los acusados.

Con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), el fiscal Toranzos y Ramos Ossorio condujeron las medidas que derivaron en la liberación de Giménez alrededor de las 21.00 del mismo día. Ello sucedió previo a una persecución por distintos barrios de la zona este y culminó contra el muro de una casa.

Al respecto, la fiscalía explicó que Rodríguez y Franco Campos habían sido enviados a cobrar el rescate, pero fueron detenidos, mientras que Toledo y Mario Campos se hallaban a pocas cuadras en una camioneta de propiedad de la víctima, que se encontraba con ellos, maniatada en el asiento trasero.

Dos acusados fueron detenidos en el momento del intento de cobro del rescate. Los otros dos fueron detenidos luego de que escaparon en la camioneta del empresario, a quien tenían maniatado en el asiento trasero, y se estrellaron contra una casa.

En la audiencia de juicio, Toranzos sostuvo que, acertadamente, Ramos Ossorio ordenó una búsqueda del resto de la banda en la zona, pues se presumía que podía estar cerca. Así fue como se divisó la camioneta de la víctima sobre la ruta 26 y se inició su persecución de forma inmediata.

El fiscal precisó que el raid se extendió hasta el barrio El Círculo, donde Toledo se lanzó del rodado y escapó, mientras que Mario Campos siguió unos metros hasta estrellarse en la pared lateral de una casa. En esa circunstancia se dio a la fuga, en tanto que Giménez quedó golpeado y fue rescatado por la policía. Al día siguiente, producto de las pesquisas, ambos acusados fueron detenidos.

En su alegato, el fiscal afirmó que todo este relato y otros detalles más del hecho, como el intento de uno de los acusados por vender la camioneta del empresario en una concesionaria local, serán expuestos al producir la prueba llevada a debate, cuyas audiencias se llevarán a cabo hasta mediados del próximo mes.

Por su parte, las distintas defensas expusieron argumentos en contraposición a la acusación de la fiscalía. Entre ellos, aludieron a que la intención de los acusados no fue el secuestro extorsivo, sino solamente apoderarse de la camioneta de Giménez para luego venderla.

Primer testimonio

El primer testigo en declarar fue Alvaro Giménez, hijo de la víctima, quien brindó un preciso detalle de los movimientos de su padre previo a ser reducido, y confirmó las llamadas que recibió de los acusados y cómo se llevaron adelante los diálogos con aquellos en torno al dinero del rescate.

El testigo aseguró que, del relato de su padre luego de ser rescatado, supo que los cuatro acusados estuvieron en la habitación donde estuvo cautivo, y que fue golpeado y amenazado con una pistola mientras hacía los llamados por el dinero.

Enfatizó que el hecho trajo muchas complicaciones al entorno familiar, en especial a su padre, ya que aún permanece bajo tratamiento psicológico por el suceso que vivió, a tal punto que hasta la fecha no pudo retomar su rol como presidente del directorio de la empresa de transporte El Cóndor.

En el epílogo de la audiencia, la fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva de los acusados. La defensa de Rodríguez volvió a oponerse e instó la morigeración de la medida de coerción, al plantear el arresto domiciliario de su defendido.

En su pedido reeditó argumentos ya esgrimidos, incluso ante este tribunal de juicio, por lo que la fiscalía solicitó su rechazo dada la gravedad del hecho, y por la misma declaración brindada por Rodríguez, quien reconoció que fue con Franco Campos al lugar del cobro del rescate y fue él quien tapo la chapa patente del auto. Ese detalle fue observado por un vecino, que llamó a la policía, y derivó en la detención de ambos.

Al resolver, el tribunal coincidió con la fiscalía y, dado que el resto de las defensas no opusieron controversia a la prórroga requerida, decidió que los cuatro acusados sigan privados de su libertad hasta la fecha fijada para la finalización del debate.

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